Pablo Delgado

Cifra alarmante: EE UU ha detenido a casi un millón de inmigrantes en la frontera con México en un año

Casi un millón de migrantes fueron arrestados o considerados inadmisibles para ingresar a Estados Unidos en la frontera con México en los últimos 12 meses, la mayor cantidad en más de una década, informaron autoridades estadounidenses.

En el año fiscal 2019, cerrado en septiembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo a 977.509 personas intentando ingresar a territorio estadounidense por el límite sur. La última vez que rondó el millón de detenciones fue en 2006.

Este incremento se produjo en medio de los esfuerzos del presidente Donald Trump por detener la inmigración ilegal, que recién comenzaron a mostrar resultados en los últimos cuatro meses, cuando las detenciones iniciaron su descenso.

El jefe interino del CBP, Mark Morgan, dijo en rueda de prensa en la Casa Blanca que el número de emigrantes arrestados cayó a poco más de 52.000 en septiembre, la cifra mensual más baja en un año.

Esto supone «una caída de cerca de 65% desde el pico de mayo de 144.000», dijo Morgan.

Esta cifra récord, la más alta en 13 años, se debió principalmente a llegada de emigrantes centroamericanos en grupos multitudinarios, integrados por familias que atravesaban México huyendo de la pobreza y la violencia en sus países para pedir asilo en los puestos fronterizos estadounidenses.

La administración Trump intensificó las medidas para desalentar este éxodo desde Honduras, Guatemala y El Salvador y presionó a México a que firmase un acuerdo por el cual impida el tránsito de indocumentados, además de exigir a los emigrantes que soliciten asilo en el primer país al que ingresan.

«La CBP continúa colaborando con nuestros socios extranjeros, particularmente, México, El Salvador, Guatemala y Honduras, para abordar esto como una crisis regional», expresó Morgan.

El gobierno de Trump dispuso que los solicitantes de asilo, que antes eran liberados en territorio estadounidense hasta la resolución de su caso y muchas veces no comparecían ante los jueces, deben ahora aguardar la resolución de solicitudes en México, una medida, sin embargo, cuestionada por la justicia.

Además de restringir la capacidad de los emigrantes para solicitar asilo, la Casa Blanca ha seguido presionando para levantar un muro a lo largo de la frontera de 3.200 kilómetros con México, promesa electoral insigne de Trump.

Para esto, el Ejecutivo desvió fondos del Departamento de Defensa, comprendidos para otros programas, para la construcción de más vallas después de que el Congreso se negó a proporcionar el presupuesto necesario para el muro.

Morgan dijo que hasta ahora se habían levantado unos 114 km de la nueva barrera, de un total de 720 km que se prevé finalizar para fines de 2020. «Es un proceso difícil…La adquisición de tierras es algo difícil», expresó.

Oposición hondureña exige juicio político contra el Presidente por señalamientos de narcotráfico

Legisladores opositores hondureños intentaron en el Congreso iniciar un «juicio político» contra el presidente Juan Orlando Hernández, señalándole de narcotráfico, en una medida con pocas posibilidades de triunfo dado el dominio legislativo del oficialismo.

Jorge Cálix, jefe de la bancada del izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre), coordinado por el expresidente derrocado Manuel Zelaya, presentó una moción para impulsar el proceso contra el mandatario, pero los diputados del oficialista Partido Nacional se retiraron del hemiciclo para que se suspende la sesión.

La Corte del distrito sur de Nueva York lleva a cabo un juicio contra el exdiputado del oficialista Partido Nacional, Juan Antonio «Tony» Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández (conocido como JOH), por delitos de narcotráfico.

La fiscalía de Nueva York asegura que el presidente de Honduras recibió millones de dólares del narcotráfico en sobornos y financiación electoral, pero no lo ha inculpado formalmente y el mandatario rechaza las acusaciones. En un documento presentado se refiere a JOH con el código CC-4.

En el Congreso los legisladores opositores llevaban carteles que decían: «Juicio político a JOH=CC4 por narco».

Pero la moción tiene casi nulas posibilidades de pasar a debate y mucho menos de ser aprobada porque requeriría de dos tercios de los 128 diputados en el Congreso, 86. El PN tiene 61 y tradicionalmente cuenta con el apoyo de la mayoría de legisladores del opositor Partido Liberal (PL, derecha) y de otros partidos minoritarios.

Libre solo cuenta con 30 diputados, más unos pocos del PL y cuatro del Partido Innovación y Unidad (Pinu, social demócrata).

Pero los diputados opositores esperan que el caso se extienda a las calles.

Zúniga dijo que Libre busca «motivar al pueblo para que solicite mediante firmas el juicio político» contra Hernández, lo que obligaría al Congreso al menos a discutir la moción.

El fin último de Libre es impulsar la movilización de la población para que cuando la Corte de Nueva York dicte sentencia contra «Tony» Hernández «se exija en las calles la salida del narcopresidente», añadió la legisladora.

Otros sectores de oposición como los excandidatos presidenciales de Libre, el presentador de televisión Salvador Nasralla, y del derechista Partido Liberal (PL), Luis Zelaya, convocaron a una «insurrección popular» para exigir la salida del presidente Hernández, a través de movilizaciones convocadas a partir de este miércoles.

Pero también el PN convocó a otra movilización en respaldo del mandatario.

En el juicio en Nueva York, ex narcotraficantes presentados como testigos aseguran que el presidente recibió dinero de los capos, incluido el mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán, para su campaña presidencial de 2014.

Correa urgió a que se realizarán elecciones adelantadas en Ecuador en la que se lanzará como candidato

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa urgió al actual mandatario, Lenín Moreno, a convocar elecciones anticipadas ante las protestas ciudadanas contra sus medidas económicas, y se ofreció a ser candidato pese a que cree que no le «dejarán» participar.

«Si es necesario que sea candidato, lo seré. A mí me inhabilitaron entre comillas para ser presidente porque todo fue ilegal, todo fue inconstitucional, pero de vicepresidente para abajo, yo no tengo ningún problema para participar», indicó en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, al que fue invitado por el grupo de Izquierda Unida.

A su juicio, las autoridades ecuatorianas «van a crear esos problemas, van a buscar cómo impedir mi participación porque saben que los derrotamos».

El exmandatario, que fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017 y actualmente reside en Bélgica, recordó que durante el Gobierno de Moreno le han abierto «sin pruebas» más causas judiciales que «a Al Capone, Pinochet y el Chapo Guzmán juntos», y que si regresa a su país será encarcelado.

«Que me metan preso, pero que me dejen inscribirme. No, me van a meter preso primero y no me van a dejar inscribirme», lamentó.

Sobre una posible participación electoral, dijo no estar «seguro de que ganaría», aunque aseguró tener «confianza en el pueblo ecuatoriano».

Correa, de 56 años, rechazó las acusaciones de que esté detrás de las marchas indígenas y las protestas en contra de medidas como la eliminación del subsidio a los combustibles, y especialmente las alegaciones de que había viajado a Venezuela para instigar junto a su presidente, Nicolás Maduro, las movilizaciones.

«Dicen que ahorita estoy en Venezuela. Por si acaso, vean los informes, con pelos y señales (…) que ayer estuve reunido con Maduro, y que es el que financia para la desestabilización. Esto es de locura, es algo demencial», comentó.

Lamentó que el Gobierno ecuatoriano «construye ese relato, lo repiten, lo repiten, y creen que en la repetición está la demostración», al tiempo que garantizó que «jamás va a poder presentar una prueba, porque no es cierto».

Para Correa, «ellos son los golpistas», mientras que él y los manifestantes «lo que estamos pidiendo es la salida que establece la Constitución, una salida democrática».

Puso como ejemplo el caso de España y la moción de censura que terminó con la presidencia del conservador Mariano Rajoy el año pasado.

«Si asume (el poder el socialista) Pedro Sánchez, a nadie se le va a ocurrir que se rompió la democracia, es parte de la democracia y parte del Estado de derecho lo que pasó en España», comentó.

«Y si anticipa elecciones Pedro Sánchez como lo ha hecho después de nueve meses, a nadie se le va a ocurrir que hay una inestabilidad. Se están resolviendo los conflictos en el marco constitucional y en democracia», agregó.

Aseguró que «Ecuador tiene esos mecanismos», que «establecen la anticipación de elecciones en casos de grave conmoción social, que es lo que estamos viviendo, para resolver ese conflicto de manera pacífica y democrática».

«Que la gente vote en las urnas, como se deben resolver los conflictos en democracia», pidió, y agregó que «no lo quieren hacer porque saben que la respuesta va a ser más fuerte que la que están recibiendo en las calles, que van a ser arrasados en las urnas».

Sobre las movilizaciones, apoyó «que la gente siga defendiendo sus derechos con firmeza, pero en paz. Porque buscan cualquier excusa para la represión».

En ese sentido, denunció que hay «represión brutal» en Ecuador que ha dejado ya «muertos».

«Y por qué no (van a salir los manifestantes a la calle hoy). Tienen que cuidarse, pero tampoco se van a dejar amedrentar» por el temor a la represión, indicó.

Por lo que respecta a la mediación que ha ofrecido la ONU y la Iglesia católica en la crisis, dijo «desconfiar» de los interlocutores concretos que estarían implicados por su proximidad al Gobierno.

En cuanto al papel de la Unión Europea, Correa lamentó que la actual crisis ecuatoriana «ni siquiera figure en su agenda» y que toda la atención en Latinoamérica la acapare Venezuela.

Criticó esa «doble moral» y aseguró que el caso en su país es diferente porque «ocurre con un Gobierno de derechas que persigue a los líderes progresistas».

Cuba elige mañana a su primer presidente de la República después de 40 años

Cuba elegirá mañana jueves a su primer presidente de la República en más de 40 años, una figura que dejó de existir en 1976 y fue restituida con la nueva Constitución aprobada en abril, un texto que mantiene cerrada la puerta a la elección presidencial directa pese a la petición de miles de ciudadanos.

La elección tendrá lugar durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) en la que no se esperan sorpresas: se prevé que Miguel Díaz-Canel, actual presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, sea ratificado como líder del país.

Desde su creación, este último cargo primero fue ocupado por el fallecido Fidel Castro y luego por su hermano menor, el exmandatario Raúl Castro, que cedió la jefatura del Estado a Díaz-Canel en abril de 2018 y se mantendrá a la cabeza del gobernante Partido Comunista de Cuba (único legal) hasta 2021.

Miguel Díaz-Canel, de 59 años, iniciaría así su primer mandato de cinco años como presidente, más de un año después de asumir la dirección de la isla, y podría tomar decisiones sin depender de la aprobación del Consejo de Estado, al menos formalmente.

Una vez elegido, el presidente de la República tiene tres meses para designar al primer ministro, cargo que también desapareció con la Carta Magna de 1976 e igualmente ha sido recuperado.

Ingeniero de profesión, Díaz-Canel se formó y escaló gradualmente en las estructuras del Partido Comunista hasta ser nombrado primer vicepresidente en 2013, cuando se perfilaba como único heredero aparente de Raúl Castro, quien reveló en el acto de investidura que su pupilo también lo relevará al frente del PCC en 2021.

El último presidente de la República de Cuba fue el abogado Osvaldo Dorticós, tras sustituir en 1959 a Manuel Urrutia, el primer presidente de la naciente Revolución Cubana, que renunció a los pocos meses de llegar al cargo debido a conflictos con el entonces primer ministro Fidel Castro.

Estos cambios implican también una desconcentración del Poder Ejecutivo frente al modelo que rigió durante décadas en Cuba, donde Fidel Castro acumulaba el liderazgo de los principales órganos de toma de decisión, desde el Gobierno al todopoderoso Partido Comunista y las Fuerzas Armadas.

De la sesión parlamentaria de este jueves, que se ha hecho coincidir con la conmemoración del Grito de Yara en 1868 y el inicio de las guerras de independencia contra España, también saldrán elegidos el vicepresidente del país y la nueva dirección de la Asamblea, puestos para los que sí se esperan cambios.

Como número dos del Gobierno se encuentra actualmente el veterano líder sindical Salvador Valdés Mesa (74 años), elegido en 2018 por la Asamblea, presidida desde 2013 y hasta ahora por Esteban Lazo (75 años).

Además, los diputados cubanos también elegirán al presidente, vicepresidente y secretario del Consejo de Estado, máximo órgano de Gobierno de la isla.

La nueva Ley Electoral aprobada el pasado julio -en cumplimiento de la Constitución proclamada el 10 de abril de este año-, mantiene el proceso de elección directa de los diputados y reduce la composición del Consejo de Estado -máximo órgano de Gobierno del país-, de 31 a 21 miembros, incluyendo a su dirección.

Más de 11.000 cubanos pidieron durante el proceso de consultas para la redacción de la nueva Constitución que el presidente del país fuera elegido de forma directa, pero la iniciativa no prosperó y serán los miembros del Parlamento quienes continuarán eligiendo al presidente y a los vicepresidentes de Cuba de entre sus integrantes.

Además de designar al primer ministro, el presidente cubano propondrá próximamente la candidatura del gobernador y vicegobernadores provinciales – otras figuras recuperadas en la Constitución- que serán elegidos por los delegados municipales de cada territorio.

Ordenan prisión preventiva para asambleísta en medio de protestas en Ecuador

Un juez ordenó la prisión preventiva contra un asambleísta, afín al ex gobernante Rafael Correa, por su presunta participación en el delito de paralización de un servicio público durante las protestas sociales contra el Gobierno por la elevación del coste de los combustibles.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó de que su titular, Diana Salazar, formuló cargos «en contra del asambleísta Yofre P., el prefecto de Sucumbíos, Amado Ch., y siete personas más».

El juez nacional David Jacho, al finalizar la audiencia, dictó prisión preventiva para todos los procesados, además de la retención de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes.

Estas personas fueron detenidas el pasado lunes cuando supuestamente entraron de forma violenta en las instalaciones de la empresa pública Petroecuador, en la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.

«Los procesados habrían entrado a la sala de control de operaciones destruyendo las puertas del edificio y con la amenaza inminente de atentar en contra de la integridad de los equipos de bombeo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), así como de los operadores de Petroecuador», señala el escrito.

Según la Fiscalía, el SOTE se habría detenido durante dos horas y diecinueve minutos. Esto implica la paralización de un servicio público del área estratégica, conforme lo determina la Constitución de Ecuador, «ocasionando un perjuicio económico al Estado de 1.723.918,72 dólares».

Entre los elementos de convicción presentados consta un informe que indica que durante la paralización no se bombearon 31.286 barriles de crudo.

Los otros procesados son José G., director de Comunicación del Gobierno Provincial de Sucumbíos; Jenny R., presidenta de la Asociación de Empleados Públicos de Sucumbíos; el concejal Víctor B. y el dirigente Roberto P., además de otros tres ciudadanos, identificados como Steven T., Gonzalo V. y Carlos Ch.

Según la Fiscalía, la audiencia de juzgamiento será el próximo 18 de octubre.

El delito de paralización de un servicio público está tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que ha acusado a su antecesor, Rafael Correa, de estar tras supuestos intentos de desestabilización, emitió el martes un decreto con el que restringió la libertad de tránsito y movimiento en determinado horario y en áreas aledañas a sedes institucionales e instalaciones estratégicas.

El decreto 888 estipula la restricción de circular en horario de 20.00 a 5.00, de lunes a domingo, «en áreas aledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas tales como edificios donde funcionan las sedes de las funciones del Estado».

También se enmarcan en esta disposición otros lugares que establezca el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en tanto dure el estado de excepción, que quedó limitado a un plazo de 30 días desde su emisión el pasado jueves, según dictaminó el martes la Corte Constitucional.

Quedan eximidos de esta limitación las personas y funcionarios que deban prestar un servicio público o de otra índole como policías, militares, comunicadores sociales acreditados, personal de misiones diplomáticas acreditadas en el país y personal médico, sanitario o de socorro, así como el transporte público administrado por entidades estatales o de servicios de emergencia.

La orden se emitió el día en que manifestantes indígenas ocuparon de forma momentánea la sede del Parlamento ecuatoriano y un día después de que un grupo de asaltantes irrumpiera en la sede de la Contraloría General del Estado en Quito donde provocaron destrozos.

Este miércoles, se desarrolla una huelga general en la que miles de indígenas que llegaron en las últimas horas a Quito se unirán a los sindicatos y otros grupos sociales que rechazan el alza del coste de los combustibles.

Los disturbios y protestas en diferentes puntos del país se suceden desde el pasado jueves a raíz de la eliminación de los subsidios a los carburantes, conforme a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Casi un millón de migrantes detenidos en frontera con México en lo que va de año

Casi un millón de migrantes fueron arrestados o considerados inadmisibles para ingresar a Estados Unidos en la frontera con México en los últimos 12 meses, la mayor cantidad en más de una década, informaron autoridades estadounidenses.

En el año fiscal 2019, cerrado en septiembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo a 977.509 personas intentando ingresar a territorio estadounidense por el límite sur. La última vez que rondó el millón de detenciones fue en 2006.

Este incremento se produjo en medio de los esfuerzos del presidente Donald Trump por detener la inmigración ilegal, que recién comenzaron a mostrar resultados en los últimos cuatro meses, cuando las detenciones iniciaron su descenso.

El jefe interino del CBP, Mark Morgan, dijo en rueda de prensa en la Casa Blanca que el número de emigrantes arrestados cayó a poco más de 52.000 en septiembre, la cifra mensual más baja en un año.

Esto supone «una caída de cerca de 65% desde el pico de mayo de 144.000«, dijo Morgan.

Esta cifra récord, la más alta en 13 años, se debió principalmente a llegada de emigrantes centroamericanos en grupos multitudinarios, integrados por familias que atravesaban México huyendo de la pobreza y la violencia en sus países para pedir asilo en los puestos fronterizos estadounidenses.

La administración Trump intensificó las medidas para desalentar este éxodo desde Honduras, Guatemala y El Salvador y presionó a México a que firmase un acuerdo por el cual impida el tránsito de indocumentados, además de exigir a los emigrantes que soliciten asilo en el primer país al que ingresan.

«La CBP continúa colaborando con nuestros socios extranjeros, particularmente, México, El Salvador, Guatemala y Honduras, para abordar esto como una crisis regional», expresó Morgan.

El gobierno de Trump dispuso que los solicitantes de asilo, que antes eran liberados en territorio estadounidense hasta la resolución de su caso y muchas veces no comparecían ante los jueces, deben ahora aguardar la resolución de solicitudes en México, una medida, sin embargo, cuestionada por la justicia.

Además de restringir la capacidad de los emigrantes para solicitar asilo, la Casa Blanca ha seguido presionando para levantar un muro a lo largo de la frontera de 3.200 kilómetros con México, promesa electoral insigne de Trump.

Para esto, el Ejecutivo desvió fondos del Departamento de Defensa, comprendidos para otros programas, para la construcción de más vallas después de que el Congreso se negó a proporcionar el presupuesto necesario para el muro.

Morgan dijo que hasta ahora se habían levantado unos 114 km de la nueva barrera, de un total de 720 km que se prevé finalizar para fines de 2020. «Es un proceso difícil…La adquisición de tierras es algo difícil», expresó.

Uribe entra a la Corte Suprema para una indagatoria en su caso más complicado

El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) ingresó a la Corte Suprema de Justicia para una indagatoria por un proceso abierto en su contra por presunto fraude procesal y soborno de testigos, un caso que lo ha puesto contra las cuerdas.

Uribe, que es senador desde 2014 por el partido derechista Centro Democrático, llegó quince minutos antes de la hora prevista para la diligencia, que tiene carácter privado, acompañado de tres de sus abogados e ingresó al Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, sin dar declaraciones a la prensa.

Lenín Moreno: Maduro y Correa están detrás del intento de golpe de Estado a Ecuador

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, denunció que Nicolás Maduro y el expresidente Rafael Correa estarían detrás de un intento de golpe de Estado a Ecuador, al explicar que financian y promueven los actos violentos en ese país.

Moreno relacionó los viajes de Correa y otros miembros de oposición a su Gobierno a Venezuela, y aseguró que esto forma parte de un plan de violencia.

“Los más violentos son individuos externos, pagados y organizados ¿Es coincidencia que (Rafael) Correa, (Ricardo) Patiño y (Paola) Pabón hayan viajado hace unas semanas a Venezuela? Maduro, activado junto con Correa, su plan de desestabilización (…) Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado”, dijo Moreno en cadena nacional.

Moreno sostuvo que las manifestaciones suscitadas en el país, no son partte de un descointento social si no que por el contrario, hay una intención de romper con el orden. “No es una manifestación de descontento. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que hay un intento de romper el orden democrático”.

Asimismo, el jefe de estado ecuatoriano anunció el traslado de la sede de su Gobierno a la ciudad de Gayaquil, debido a los actos vandálicos que se han presentado en la ciudad capital. “He trasladado la sede de Gobierno a Guayaquil (…) lo que ha sucedido en los últimos días en (saqueos, vandalismo y violencia) demuestran que hay intención política organizada para desestabilizar el Gobierno”, sostuvo.

El presidente ecuatoriano afirmó que no dará marcha atrás a las medidas económicas anunciadas, y llamó al sector indígena del país a dialogar dentro de los principios de fraternidad, pues asegura que las puertas del Gobierno nunca se han cerrado.

¿Por qué protestan en Ecuador?

Desde el pasado 3 de octubre, cientos de personas se han abocado a las calles para protestar en contra de las medidas económicas anunciadas por el residente Lenín Moreno, que incluyen el cese a el subsidio del Estado a la gasolina, con lo que el costo del combustible llegó a costar casi el doble. El sector del transporte fue el primero en manifestarse al anunciar un paro en sus actividades.

Este lunes se registraron saqueos Saqueos en florícolas y en una planta de lácteos, invasión a edificios públicos y cierres viales se registraron este lunes 7 de octubre del 2019 en el norte y centro de la Sierra. En la Amazonía y en la Costa también hubo bloqueos.

Guterres: ONU afronta la peor crisis de efectivo en casi diez años debido al retraso de las cuotas

El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, aseguró que la organización afronta «la peor crisis de efectivo» en casi diez años debido a retrasos en las cuotas de los estados miembro y que por ello podría no pagar los salarios de los empleados desde noviembre.

Guterres sostuvo en una declaración que la ONU «corre el riesgo de agotar sus reservas de efectivo para fin de mes y no liquidar sus pagos al personal y los proveedores».

Se trata de «la peor crisis de efectivo de la ONU en casi una década», sentenció.

El lunes, en una carta destinada a los 37.000 empleados de la ONU y obtenida por la AFP, Guterres señaló que se tendrían que tomar «medidas adicionales» para hacer frente a las obligaciones.

Las reservas de liquidez están al borde del abismo debido a que los Estados miembros solamente pagaron 70 por ciento del monto total necesario para la operatividad dispuesta en el presupuesto del año, lo cual supone un déficit de 230 millones de dólares a fines de septiembre.

Según trascendió, los principales malos pagadores con grandes atrasos son Estados Unidos, Brasil, Argentina, México e Irán.

Sin incluir lo que paga por las operaciones de mantenimiento de la paz, el presupuesto operativo de la ONU para 2018-2019 es cercano a 5.400 millones de dólares. Estados Unidos contribuye con el 22% del total.

En total, 64 países deben dinero a la ONU. Entre ellos se encuentran Venezuela, Corea del Norte, Corea del Sur, la República Democrática del Congo, África Central, Israel, Malí o Arabia Saudita.

El último estado en pagar su contribución es Siria, dijo el martes durante su rueda de prensa diaria el portavoz de la organización, Stéphane Dujarric.

En su declaración del martes, Guterres dijo que si el organismo no hubiera tomado la iniciativa desde el comienzo del año de equilibrar gradualmente sus gastos e ingresos, el agujero financiero podría haber alcanzado los 600 millones de dólares a octubre y postergar la Asamblea General de la ONU celebrada a finales de septiembre con los líderes del planeta.

«El Secretario General agradece a los Estados que han pagado, un total de 129 (de los 193 Estados Miembro), e insta a aquellos que no han pagado aún a que lo hagan con urgencia y en su totalidad», sostiene su declaración.

«La Secretaría podría enfrentar un incumplimiento en los salarios y pagos de bienes y servicios para fines de noviembre, a menos que más estados miembros paguen sus contribuciones presupuestarias completas», sentenció.

Para limitar el gasto en el último trimestre, el jefe de la ONU mencionó la posibilidad de posponer conferencias y reuniones y reducir los servicios que se proporcionarán.

También se dieron instrucciones para restringir los viajes oficiales a las actividades más esenciales, posponer las compras de bienes y servicios e implementar el ahorro de energía.

Se eleva a dos los muertos por la ola de protestas contra medidas económicas en Ecuador

Un joven que había resultado herido en una de las protestas que tienen lugar en Quito falleció en un hospital, con lo que ascienden a dos las muertes relacionadas con la ola de manifestaciones contra las medidas económicas del Gobierno.

La víctima, Marco Oto, de 26 años, al parecer quedo atrapado junto con otros jóvenes entre una puerta metálica y agentes motorizados en un paso peatonal elevado, según el comunicado de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu).

Tratando de escapar de esa situación se presume que él y otra persona cayeron del puente peatonal durante la persecución policial.

La Policía Nacional confirmó en un comunicado que dos personas (entre ellas el fallecido) cayeron del puente y que fueron trasladadas en una camioneta e ingresadas al hospital Carlos Andrade Marín con politraumatismos.

«El traslado se efectuó con mucha dificultad debido a la negativa de los manifestantes en el sector que impedían avanzar a la ambulancia«, según la Policía.

Por el momento, la instancia policial no ha confirmado la muerte del joven, a la vez que descarta cualquier hipótesis que relacione a sus agentes con el fallecimiento.

Varios vídeos en redes sociales han alentado la polémica sobre las circunstancias del presunto accidente.

Esta es la segunda muerte confirmada que han dejado hasta ahora las manifestaciones contra las medidas económicas adoptadas por el régimen de Lenín Moreno en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La primera se produjo en una carretera cerca de la ciudad de Cuenca (sur), cuando un hombre de 35 años fue atropellado por un vehículo mientras participaba en otra manifestación.

Por el momento se desconoce el número de heridos en la actual ola de violencia y ningún portavoz oficial se atreve a dar una.

En cuanto a los detenidos, el secretario de la presidencia, Sebastián Roldán, confirmó que hay hasta el momento 570 desde el jueves pasado y que la mayoría de ellos han sido arrestados por actos de delincuencia.